La Mega Radio
Pedro Miguel Massola
El Gobierno nacional resolvió que los contratos de trabajadores del Estado mayores de 65 años solo podrán renovarse por un período máximo de seis meses. Para continuar en funciones, los organismos deberán presentar la intimación a jubilarse, incluso en los casos en que los empleados no alcancen los 30 años de aportes exigidos por ley.
La medida genera un impacto directo y profundo: muchos trabajadores quedarán sin empleo y sin posibilidad de completar los aportes necesarios para acceder a una jubilación ordinaria. El escenario se vuelve aún más delicado si se tiene en cuenta que en 2024 fue eliminada la moratoria previsional, la herramienta que permitía regularizar años faltantes.
En este contexto, quienes no cumplan con los requisitos solo podrán aspirar a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que ronda los 280 mil pesos mensuales, un ingreso que apenas cubre necesidades básicas y no garantiza una vejez digna.
Desde la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), su secretario general Rodolfo Aguiar cuestionó con dureza la decisión oficial. Afirmó que la renovación limitada “condena a los trabajadores a quedarse sin trabajo, sin obra social y, fundamentalmente, sin la posibilidad de jubilarse”.
“Esto nos pone frente a una nueva ola de despidos, en este caso de todos aquellos que están cerca de jubilarse. No existen precedentes. Esta decisión vulnera el derecho constitucional a la previsión social”, advirtió el dirigente sindical.
El conflicto abre un debate de fondo sobre el rol del Estado como empleador y la responsabilidad pública frente a quienes dedicaron gran parte de su vida laboral al sector público. La pregunta que queda flotando es incómoda pero inevitable: ¿qué destino les espera a quienes trabajaron toda una vida y hoy quedan a mitad de camino entre el empleo y la jubilación?
