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Pedro Miguel Massola
El Frente de Sindicatos Unidos anunció un plan de lucha nacional que comenzará con movilizaciones en las ciudades de Córdoba y Rosario y culminará con un paro general con movilización el próximo 11 de febrero, fecha prevista para el tratamiento de la reforma laboral impulsada por el oficialismo. El espacio sindical está integrado por ATE, la UOM, Aceiteros, aeronáuticos y una veintena de gremios pertenecientes a la CGT y las dos CTA.
En su primer comunicado conjunto, las organizaciones fueron categóricas: consideran que la reforma debe ser rechazada en su totalidad y no de manera parcial. Según expresaron, aun cuando se logren modificar algunos artículos, el núcleo de la iniciativa continúa siendo perjudicial para el conjunto de los trabajadores.
El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, sostuvo que la respuesta sindical no debe centrarse en una eventual judicialización. “La última vez que la Corte Suprema declaró la inconstitucionalidad de una reforma laboral tardó 13 años. No podemos esperar ese tiempo. Con esta reforma, en unos meses, desaparecemos”, advirtió, reforzando la idea de que la disputa debe darse en el espacio público.
En la misma línea se expresó el titular de La Bancaria y diputado nacional de Unión por la Patria, Sergio Palazzo, quien afirmó que todos los puntos del proyecto favorecen al sector empresario. “Aprobar un proyecto de estas características es traicionar a la clase trabajadora, a la cual después se le va a pedir el voto”, señaló en declaraciones radiales, y pidió a los gobernadores que no acompañen la iniciativa: “Espero que no sean los verdugos de la quita de derechos de los trabajadores”.
Además del impacto laboral, los sindicatos alertaron sobre las consecuencias fiscales de la reforma. Un informe de la Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos Públicos advierte que la modificación del impuesto a las Ganancias afectaría la coparticipación federal. Según el documento, la provincia de Buenos Aires perdería cerca de 400 mil millones de pesos, mientras que Córdoba dejaría de percibir alrededor de 160 mil millones. La caída en la recaudación, sostienen, golpearía directamente las arcas provinciales.
En paralelo, el Gobierno intensifica las negociaciones políticas. En busca de respaldos para la aprobación de la reforma, la senadora Patricia Bullrich mantuvo reuniones con jefes de bloque de la UCR, el PRO, Primero Los Salteños y el Frente Renovador de la Concordia. La legisladora reconoció que, si bien existen acuerdos con sectores aliados, el capítulo referido al impuesto a las Ganancias “todavía no se ha resuelto” y continúa en discusión, debido a la preocupación de los senadores por los recursos de sus provincias.
En este contexto de fuerte conflictividad social y política, el presidente Javier Milei firmó el Decreto 56, mediante el cual declaró al 2026 como “Año de la Grandeza Argentina”. La leyenda deberá figurar en toda la documentación oficial, mientras el debate por la reforma laboral promete escalar tanto en el Congreso como en las calles.
