El Gobierno cierra la ANDIS tras graves denuncias de corrupción y deja en suspenso las políticas de discapacidad

El Gobierno nacional anunció el cierre de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y la absorción de sus funciones por parte del Ministerio de Salud, en una decisión que llega tras graves denuncias de coimas, sobornos y presuntas irregularidades administrativas que derivaron en investigaciones judiciales y en la intervención del organismo.

La medida fue presentada oficialmente como parte de un proceso de “ordenamiento y transparencia”, pero se produce luego de que ANDIS quedara en el centro de un escándalo político y judicial, con acusaciones que involucran a exfuncionarios y empresarios por maniobras ilícitas en la gestión de medicamentos, insumos y prestaciones destinadas a personas con discapacidad.

Desde el Ejecutivo sostienen que el cierre permitirá eliminar cargos políticos, reducir la estructura jerárquica y centralizar el control administrativo. Sin embargo, para organizaciones sociales, sindicatos y especialistas en discapacidad, la decisión implica desmantelar un organismo clave sin haber esclarecido aún responsabilidades políticas ni garantizado mecanismos de control efectivos.

ANDIS tenía entre sus funciones centrales la emisión del Certificado Único de Discapacidad (CUD), la gestión de pensiones no contributivas y la coordinación de políticas de inclusión y atención integral. Si bien el Gobierno aseguró que estas prestaciones “no se verán interrumpidas”, referentes del sector advierten que la absorción dentro del Ministerio de Salud diluye la especificidad del abordaje de la discapacidad y debilita la capacidad de respuesta del Estado.

El cierre también se da en un contexto de recortes presupuestarios, despidos y demoras en pagos a prestadores, situaciones que ya habían generado protestas y reclamos a lo largo de 2025. Para las organizaciones, la disolución de ANDIS no apunta a fortalecer derechos, sino a resolver una crisis política generada por la corrupción con una salida administrativa, sin asumir responsabilidades ni reforzar los controles.

Desde el movimiento de la discapacidad remarcan que la respuesta del Estado frente a las denuncias de corrupción debería haber sido investigar, sancionar y transparentar, y no eliminar el organismo encargado de garantizar derechos a uno de los sectores más vulnerables de la sociedad.