Cuando el oro viaja en silencio

El oro no hace ruido cuando se mueve. No suena como una sirena ni deja rastros visibles para el ciudadano común. Pero cada vez que sale del país, algo se enciende en la memoria colectiva argentina.

En las últimas semanas, la confirmación del Banco Central sobre el envío de parte de sus reservas de oro al exterior —con versiones periodísticas que señalan a Londres como destino— volvió a instalar una inquietud conocida. No se trata de una denuncia concreta ni de una acusación formal. Se trata, más bien, de una reacción casi automática de una sociedad que ya atravesó demasiadas crisis como para no prestar atención.

Los hechos, hasta donde están confirmados, son claros: el Banco Central admitió que trasladó oro fuera del país. No negó la operatoria. Tampoco brindó detalles públicos sobre cantidades, contratos ni destinos específicos, argumentando razones de seguridad. Desde el punto de vista técnico, la práctica no es ilegal ni excepcional. Muchos bancos centrales del mundo custodian parte de su oro en plazas financieras como Londres, donde se concentran los mercados, la certificación y las operaciones de garantía.

Esa es la versión formal. Y es verosímil.

El problema aparece después. Porque en Argentina la legalidad, por sí sola, no alcanza para generar confianza. El oro no es un activo más: es el respaldo último, el recurso que queda cuando todo lo demás falla. Y cuando ese respaldo se mueve sin explicaciones claras, el reflejo social no es paranoia: es memoria.

No hay pruebas de que el oro haya sido vendido, perdido o entregado de manera definitiva. No hay evidencia de un desfalco. Pero sí hay opacidad, y la opacidad en materia de reservas siempre es una mala decisión política, aun cuando la decisión sea financieramente correcta. La intervención de la Justicia, que pidió información adicional al Banco Central, refuerza esa idea: el tema no está cerrado.

Desde el Gobierno se sostiene que el oro se utiliza como colateral financiero, para obtener liquidez o mejorar rendimientos. Es una explicación posible y conocida en el mundo financiero. Lo que resulta más difícil de justificar es el pedido implícito de confianza ciega en un país donde demasiadas veces se pidió lo mismo… justo antes del golpe.

El debate de fondo no es si “se llevaron el oro”. Esa simplificación no ayuda a entender nada. La discusión real es quién controla, quién informa y quién asume el costo político cuando se toman decisiones sensibles sin un marco de transparencia suficiente. Porque el oro no pertenece a un funcionario ni a un gobierno: pertenece a un país que aprendió, a fuerza de crisis, que cuando el poder pide silencio, conviene escuchar con atención.

Tal vez no estemos frente a un escándalo. Tal vez sea solo una maniobra financiera más.
Pero en la Argentina, cuando el oro sube a un avión, la pregunta nunca es solo técnica.
Es histórica.