Milei quier Privatizar “todo lo posible” y repetir el modelo menemista: el destino de las hidroeléctricas argentinas

Un giro radical en la política energética estatal

Mediante la Resolución 1569/2025, el Ministerio de Economía aprobó incorporar la Circular Modificatoria N° 4 al pliego del proceso de venta de las acciones que representan los estados mayoritarios (98 %) de las sociedades destinadas a operar los complejos hidroeléctricos Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila. Boletín Oficial+2PAGINA12+2
Ese cambio ajusta condiciones técnicas, plazos y obligaciones de los adjudicatarios privados, en un concurso público nacional e internacional sin base (es decir, sin precio mínimo establecido previamente). PAGINA12+2El Estratégico+2

El proceso no es aislado: forma parte de una política más amplia que pretende privatizar completamente ENARSA (Energía Argentina S.A.) y dividir sus unidades de negocio para su venta individual. Boletín Oficial+2El Estratégico+2

El Gobierno proyecta adjudicar las concesiones por 30 años, con la posibilidad de prórroga mediante pago de canon al Estado y bajo compromisos de mantenimiento y responsabilidad ambiental. PAGINA12+2Dinamicarg+2

 
Similitudes con el modelo de Menem (década del ’90)

Lo que está ocurriendo hoy tiene resonancias notorias con las privatizaciones llevadas a cabo durante el gobierno de Carlos Menem entre 1989 y 1999:

En 1989 se sancionó la Ley de Reforma del Estado (ley 23.696), que habilitó la privatización de numerosas empresas públicas. 
Durante los ’90, bajo ese paraguas normativo, se privatizaron compañías de servicios públicos (agua, luz, gas), transportes (ferrocarriles, aerolíneas) y otras infraestructuras estratégicas. 

El lema extraoficial que acompañó esa etapa –“nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado”– fue pronunciado por Roberto Dromi, ministro en los ’90 bajo Menem, como parte del “decálogo menemista” de reformas estructurales. 
Las privatizaciones surgieron como instrumento para generar ingresos rápidos del Estado, reordenar la deuda pública y atraer inversión, pero dejaron secuelas duraderas: tarifas altas, rendimientos elevados para los operadores privados, desmantelamiento de servicios y aumento de la pobreza. 

El paralelismo con la actualidad radica en que el nuevo plan no solo busca desinvertir al Estado de sus empresas estratégicas, sino también promover un modelo donde las concesiones de servicios esenciales pasen a manos privadas bajo condiciones que pueden favorecer al capital frente al interés público.

 
Qué representa para el pueblo argentino

Riesgo tarifario y pérdida de control soberano
La privatización de centrales hidroeléctricas significa que un servicio vital —la generación de energía— quedará en manos de empresas privadas que buscarán rentabilidad. Históricamente, eso ha derivado en aumentos de tarifas y condiciones de contrato favorables a los adjudicatarios. En un contexto inflacionario y socialmente vulnerable, ese impacto puede ser muy profundo para hogares y pequeñas empresas.

Además, las represas hidroeléctricas no solo generan electricidad: regulan caudales de ríos, embalses, usos hídricos para riego y control ambiental. Delegar su operación puede debilitar el control público sobre recursos esenciales.

Fragmentación del patrimonio público
Al dividir ENARSA y vender sus unidades de negocio de manera individual, se debilita la capacidad estratégica del Estado para plantear una política energética integrada. El Estado queda reducido a regulador de concesiones más que a actor activo.

Desigualdad y concentración
Tal como ocurrió en los ’90, es probable que el proceso privilegie grupos empresariales con capacidad de acceso a importantes capitales nacionales y extranjeros, acelerando la concentración económica. Las compañías municipales, cooperativas o de menor escala podrían quedar excluidas.

Empleo y condiciones laborales
En procesos similares, la privatización suele ir acompañada de recortes de personal, tercerizaciones y modificaciones de convenios laborales. La presión por reducir costos y maximizar beneficios puede chocar con derechos adquiridos o la seguridad del empleo en las zonas donde operan estas centrales.

Deuda pública disfrazada
En el pasado, el Estado apeló a la privatización para obtener ingresos inmediatos y aliviar la carga fiscal, pero muchas veces con costos a mediano y largo plazo: contratos concesorios onerosos, pagos de subsidios, renegociaciones, y cargas reguladoras que terminan siendo soportadas por los ciudadanos.

 
Escenario y tensiones de cara al futuro
El Gobierno espera que las ofertas técnicas y económicas se presenten antes del 23 de octubre de 2025, con adjudicación previa al fin de este año. Dinamicarg+2El Estratégico+2

Ya se observan resistencias desde los sindicatos del sector energético y organismos que alertan sobre “la pérdida del patrimonio nacional”. En particular, trabajadores de la industria nuclear se movilizan en rechazo a políticas similares. PAGINA12

Las condiciones del pliego —como canon, obligaciones de mantenimiento y cláusulas ambientales— serán objeto de intensa negociación. En un país con institucionalidad débil, esos detalles pueden definir si la privatización favorece al público o al privado.

La Resolución 1569/2025 no es un acto administrativo aislado: es una pieza central de una estrategia mayor de privatización que busca replicar, con matices contemporáneos, un modelo económico que en los años ’90 devino en concentración de riqueza, tarifas altas, debilitamiento estatal y crisis sociales.

Para el pueblo argentino, se abre una encrucijada: resignarse a que recursos vitales sean manejados por intereses privados, o articular resistencias que preserven al menos el control público sobre lo estratégico.