Productores denuncian penalmente a intendentes y a la Provincia por la crisis hídrica en la cuenca del Salado

La emergencia hídrica que atraviesan distintos distritos del noroeste bonaerense abrió en los últimos días un frente judicial. Un grupo de pequeños y medianos productores agropecuarios presentó una denuncia penal contra intendentes y contra la Provincia de Buenos Aires, a quienes acusan de “estrago por inundación en concurso real con omisión impropia e incumplimiento de los deberes de funcionario público”.

La abogada patrocinante de la denuncia, Alejandra Córdoba Martín, dialogó con el programa Las cosas como son —conducido por Andrea Pérez en Radio Mágica, un medio local de línea crítica hacia la actual gestión municipal— y detalló los alcances de la presentación.

“La situación tiene que ver con lo que todos estamos viendo: un grave momento de inundaciones que afecta a buena parte de la Provincia y en particular a la subregión A3 de la cuenca hídrica del Salado. Entendemos que se configura una situación de estrago por omisión de trabajos que debieron realizar tanto la Provincia como los municipios”, señaló la letrada.

La denuncia fue radicada en el Departamento Judicial de Trenque Lauquen y recayó en la Fiscalía N.º 2. Córdoba Martín precisó que los intendentes aparecen alcanzados no en su condición de jefes comunales, sino en calidad de integrantes del Comité de Cuenca. En ese esquema, por Pehuajó participa el secretario de Obras Públicas, ingeniero Luis Fanti, quien ocupa el lugar de representación técnica del distrito.

Argumentos de los denunciantes

Según la abogada, los productores afectados sostienen que la magnitud de las inundaciones no responde únicamente a las intensas lluvias de las últimas semanas, sino a la falta de mantenimiento de caminos, canales y alcantarillados, así como a la ausencia de controles sobre canales clandestinos.

“Hay informes de la Autoridad del Agua y de Hidráulica, algunos de 2015 y 2017, y más recientes, que advertían sobre la necesidad de evitar cuellos de botella y de prepararse para precipitaciones más intensas. Hubo tiempo suficiente para hacer obras que no se hicieron”, afirmó Córdoba Martín.

La letrada ejemplificó con el caso de un productor que declaró tener el 90 % de su campo bajo agua pese a estar alcanzado por la emergencia agropecuaria. También señaló que la situación afecta no sólo a la producción, sino a la vida cotidiana de los trabajadores rurales y a las poblaciones urbanas: “No es un problema exclusivo del campo; se trata de un riesgo para todos”.

El contexto provincial y nacional

La denuncia surge en un escenario de fuerte tensión: tras tres años de sequía, las lluvias recientes provocaron anegamientos generalizados en distritos como Pehuajó, Carlos Casares y Bolívar. A esto se suma la suspensión de la obra pública nacional dispuesta por el presidente Javier Milei, que incluye proyectos hídricos, lo que dificulta la puesta en marcha de nuevas intervenciones estructurales.

En ese marco, las críticas de los denunciantes apuntan tanto a la Provincia de Buenos Aires —a quien corresponde la potestad del manejo del agua— como a los municipios, por no haber gestionado obras de mantenimiento o control en tiempo oportuno.

Situación de Luis Fanti

En el caso de Pehuajó, la abogada mencionó al ingeniero Luis Fanti, secretario de Obras Públicas, en su carácter de representante en el Comité de Cuenca A3. Fuentes judiciales consultadas remarcan que, al igual que el resto de los integrantes, su inclusión en la denuncia responde a su función dentro del organismo colegiado y no implica, por el momento, un señalamiento individual ni la imputación formal de responsabilidades penales.

Se trata de una etapa inicial de investigación, en la que la Justicia deberá determinar si existió o no incumplimiento de deberes en la prevención de inundaciones.

Próximos pasos

La causa quedó en manos de la Fiscalía N.º 2 de Trenque Lauquen, a cargo de evaluar la denuncia y definir si corresponde impulsar medidas de prueba o citar a los funcionarios involucrados.

Mientras tanto, los productores afectados continúan reclamando soluciones urgentes. Córdoba Martín advirtió que “no se trata de que la lluvia sorprendió a todos”, sino de un fenómeno previsto por estudios oficiales que, a su entender, no fue atendido en tiempo y forma.

En la subregión A3 de la cuenca del Salado, al igual que en gran parte de la cuenca en general, la falta de finalización de obras hidráulicas necesarias se ha debido a una combinación de retrasos históricos, problemas de financiación, falta de continuidad política y una gestión que ha sido señalada como deficiente a lo largo de décadas.

El secretario de CARBAP, Pablo Ginestet, trazó un panorama crítico sobre la situación que atraviesan los productores tras las intensas lluvias de las últimas semanas. Según señaló, la magnitud del problema supera ampliamente lo que reflejan las imágenes difundidas. “Hay campos bajo agua y caminos intransitables que impiden cualquier ingreso. Las hectáreas afectadas son muchas más de las que se alcanzan a ver”, advirtió.

En el partido de 9 de Julio, los registros ya superan las 160 mil hectáreas comprometidas, y el escenario se repite en distritos como Lincoln, Bolívar, 25 de Mayo, General Alvear, Carlos Casares, Saladillo y Pehuajó. Allí, la cosecha de trigo ya enfrenta pérdidas significativas y la mirada está puesta con preocupación en la próxima campaña gruesa. “Si el agua no baja, será imposible avanzar con la siembra en noviembre o diciembre”, explicó el dirigente.

Desde la entidad rural remarcan que el trasfondo del problema radica en el atraso del Plan Maestro de la Cuenca del Salado. Este proyecto fue diseñado entre los años 2000 y 2001, y comenzó a ejecutarse en 2002 con un cronograma que preveía entre 10 y 15 años de trabajo. De haberse cumplido, las obras deberían estar finalizadas desde hace más de una década. Sin embargo, en 2025 apenas se ha completado la mitad.

Ginestet apuntó como uno de los principales motivos de esta demora a la falta de coordinación entre Nación y Provincia. “Hay tramos paralizados porque la Nación no envió los fondos, y otros que dependen de la Provincia que llevan más de dos años detenidos. Es urgente que dejen de confrontar y que se destinen los recursos que corresponden”, reclamó.

El dirigente también puso en evidencia la ausencia de planificación a futuro. Indicó que no existen proyecciones técnicas concretas y que varias de las obras pendientes, especialmente las que abarcan desde Bragado hacia el interior bonaerense, se limitan hoy a trazos sobre un mapa. “Hace falta avanzar con estudios y proyectos serios”, insistió.

Otro aspecto cuestionado es el uso de los recursos destinados al sector. Ginestet recordó que a comienzos de los 2000 se había creado un impuesto específico a los combustibles, conocido como fondo hídrico, para financiar este tipo de trabajos. No obstante, denunció que esos recursos nunca se aplicaron con eficacia. “El dinero se desvía o directamente no se utiliza. Es un verdadero sinsentido”, afirmó.

La comparación entre pérdidas y costos refuerza el reclamo. De acuerdo con estimaciones de CARBAP, en los últimos 25 años las inundaciones provocaron daños superiores a los 10.000 millones de dólares, una cifra tres veces mayor al presupuesto original del plan, calculado en torno a los 3.000 o 3.500 millones de dólares. “Ya hemos pagado la obra varias veces con las pérdidas acumuladas”, subrayó Ginestet.

El secretario advirtió, además, que no se trata solo de un problema local. La Cuenca del Salado concentra entre el 20% y el 25% de la producción agrícola nacional, lo que le confiere una relevancia estratégica tanto para el ingreso de divisas como para el abastecimiento interno. “Esto trasciende a los productores; estamos hablando de una región clave para la economía argentina”, remarcó.

El gran desafío, señaló, es que se avance de manera sostenida y con decisión política. Las obras requieren movimientos de tierra de gran escala y fuertes inversiones, lo que inevitablemente implica largos plazos de ejecución. Pero las postergaciones, insistió, solo profundizan la distancia con una solución definitiva. “Cada año que pasa estamos más lejos de terminar. El campo pierde y la provincia también”, concluyó Ginestet.