La doble vara: justicia enclenque frente al poder económico y mediático

Cada vez más argentinos dicen querer una República "para todos". No para algunos. Una con división de poderes real, no simbólica. Con una Justicia que no use la balanza como accesorio decorativo, sino que pese con ecuanimidad a todos los actores políticos, ya sean del Ejecutivo o del Legislativo, y que estén allí no por linaje partidario, sino para representar las verdaderas necesidades del pueblo argentino. ¿Una utopía? Tal vez. Pero por algo se empieza.

Porque Condenan a Cristina?

El delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado es una figura penal contemplada en el Código Penal argentino (artículos 173 y 174) y se refiere a la gestión desleal o engañosa de bienes públicos, con el objetivo de producir un daño económico al Estado. En otras palabras, ocurre cuando una persona que tiene a su cargo la administración o custodia de recursos públicos abusa de su posición de confianza para beneficiar a terceros —o a sí misma— y provoca un perjuicio al erario público.

Elementos esenciales del delito

Sujeto administrador o encargado de bienes públicos: La persona imputada debe tener un rol formal en la gestión de fondos, contratos u otros recursos estatales, lo cual puede incluir funcionarios públicos, contratistas o particulares con funciones delegadas.
Acto de fraude o engaño: La administración se realiza con dolo (intención de perjudicar), por medio de maniobras ilegales, omisiones deliberadas, simulaciones, contrataciones irregulares, sobreprecios, desvíos de fondos u otros métodos fraudulentos.
Perjuicio económico al Estado: Debe demostrarse que estas acciones ocasionaron un daño concreto, evaluable en términos patrimoniales, al Estado nacional, provincial o municipal.

Diferencias con otros delitos similares

No debe confundirse con el delito de malversación de fondos, que consiste en el uso indebido de fondos públicos ya asignados para fines específicos, ni con cohecho (soborno).
La administración fraudulenta es una figura más amplia y no siempre exige el enriquecimiento personal del acusado: basta con que haya afectado negativamente los intereses económicos del Estado.

Pena prevista

En la legislación argentina, la pena para este delito puede ser de 2 a 6 años de prisión, y puede agravarse si se considera que el delito fue cometido:

En perjuicio de la administración pública (como establece el artículo 174, inciso 5).
Por un funcionario público en ejercicio de sus funciones.
Además, puede conllevar inhabilitación para ejercer cargos públicos, incluso si no se ordena prisión efectiva.

¿La pregunta es la balanza de la justicia funciona bién? ¿Es para con todos igual? o ¿tiena alguna variación que beneficie o perjudique segun quien es juzgado?

Otros casos Judiciales que involucran a Ex presidentes Argentinos

1. Carlos Saúl Menem

Presidente entre 1989 y 1999
Delito vinculado: Administración fraudulenta agravada – entre otros cargos

Causa sobresaliente: Venta ilegal de armas a Croacia y Ecuador (1991–1995)
En esta causa, Menem fue condenado en 2013 a 7 años de prisión por contrabando agravado, tras haberse probado que desvió armas argentinas hacia destinos prohibidos por acuerdos internacionales.
Si bien el tipo penal no fue exactamente “administración fraudulenta”, el trasfondo fue el uso indebido y fraudulento de recursos estatales para beneficiar a terceros, con grave perjuicio institucional y económico para el país.
Otras causas: También enfrentó procesos por enriquecimiento ilícito y pago de sobresueldos, aunque en algunos casos fue absuelto o los procesos prescribieron por el paso del tiempo.
 
2. Fernando de la Rúa

Presidente entre 1999 y 2001
Delito vinculado: Presunta administración fraudulenta o malversación de fondos

Causa sobresaliente: Causa “sobornos en el Senado” (2000)
En este expediente se investigó si desde el Poder Ejecutivo se ordenaron pagos ilegales para aprobar la ley de reforma laboral.
De la Rúa fue procesado pero finalmente absuelto en 2013, al no encontrarse pruebas suficientes para sostener su responsabilidad penal.
El delito investigado fue cohecho activo agravado y no administración fraudulenta propiamente dicha, aunque el eje de la causa fue la utilización ilegal de fondos públicos con fines políticos.

3. Mauricio Macri

El expresidente Mauricio Macri (mandato 2015–2019) ha sido objeto de varias denuncias judiciales por distintos motivos, tanto durante su presidencia como posteriormente. Sin embargo, hasta la fecha no ha recibido una condena firme en ninguna de las causas en las que se lo investigó. 

1. Espionaje ilegal a familiares del ARA San Juan
Resumen de la acusación:
Se investigó si el expresidente, en su calidad de jefe del Estado, ordenó o permitió tareas de inteligencia ilegal realizadas por la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) sobre familiares de los 44 tripulantes del submarino ARA San Juan, desaparecido en 2017.

Estado de la causa:

En octubre de 2021, el juez federal de Dolores, Martín Bava, procesó a Mauricio Macri por este delito, señalando que los seguimientos y recopilación de información no estaban justificados por razones de seguridad nacional.
Sin embargo, en julio de 2022, la Cámara Federal de Mar del Plata revocó el procesamiento y sobreseyó a Macri, al considerar que no había pruebas suficientes de que hubiese cometido delito alguno.
Resultado: Sobreseído. La causa no prosperó.

 2. Causa Correo Argentino S.A.
Resumen de la acusación:
La empresa Correo Argentino S.A., propiedad del Grupo Macri, fue concesionaria del servicio postal hasta su estatización en 2003. En 2001 entró en concurso preventivo por deudas millonarias con el Estado. Durante el gobierno de Mauricio Macri, se cuestionó un acuerdo de pago alcanzado entre el Estado y la empresa, considerado excesivamente favorable para el grupo familiar.

Investigación:

Se abrió una causa judicial por presunto perjuicio al Estado y conflicto de intereses.
La fiscal Gabriela Boquín denunció que el acuerdo implicaba una condonación del 98,87 % de la deuda.
El expresidente no fue imputado personalmente, pero la causa continúa bajo análisis en el fuero comercial y penal.
Resultado: No imputado directamente; investigación aún en curso en distintas instancias, pero sin procesamiento ni sentencia firme en su contra.

3. Parque Eólico
Resumen de la acusación:
Se investigó la posible comisión de delitos en la compra y reventa de parques eólicos a través de sociedades vinculadas a amigos y allegados del expresidente Macri. Se sospechaba que hubo tráfico de influencias, negociaciones incompatibles o beneficio económico indebido aprovechando información privilegiada.

Investigación:

La causa avanzó en 2021, y fue imputado el exministro de Energía Juan José Aranguren, entre otros.
Mauricio Macri no fue imputado formalmente, aunque su entorno fue señalado.
Resultado: No imputado directamente. Causa aún abierta en algunas líneas, pero sin implicación penal directa a Macri hasta el momento.

 
4. Autopistas y peajes (concesiones viales)
Resumen de la acusación:
Durante su mandato, el Gobierno renegoció los contratos de concesión de autopistas con AUSA y Autopistas del Sol, empresas con participación de familiares del expresidente. La acusación señala que estas renegociaciones fueron altamente beneficiosas para los concesionarios.

Investigación:

En 2020, el juez federal Rodolfo Canicoba Corral imputó a Macri por presunta administración fraudulenta y perjuicio al Estado, en una causa impulsada por el fiscal Franco Picardi.
En 2021, se realizaron algunas medidas de prueba, pero la causa no avanzó hacia un procesamiento firme.
Resultado: Imputado pero sin procesamiento. Causa aún abierta.

 
5. Endeudamiento con el FMI (2018)
Resumen de la acusación:
En 2021, legisladores del Frente de Todos presentaron una denuncia contra Macri por la toma del crédito de USD 44.000 millones con el FMI. Se alegó que se habría incurrido en incumplimiento de deberes de funcionario público y administración fraudulenta, al tomar la deuda sin autorización legislativa clara ni estudios de sustentabilidad.

Investigación:

El fiscal Franco Picardi impulsó la causa.
A la fecha, se realizaron informes técnicos, pero la causa no avanzó a etapas procesales contra Macri.
Resultado: Causa en etapa preliminar. No imputado formalmente.

6. Líneas de investigación no profundizadas en la causa de los bolsos de José López.

En el marco de la investigación judicial por el caso de los bolsos con casi nueve millones de dólares arrojados por el exsecretario de Obras Públicas José López en un convento de General Rodríguez, surgieron diversas líneas de análisis, entre ellas una que vinculaba parte de los fondos con una entidad financiera perteneciente a un allegado al entonces expresidente Mauricio Macri. Sin embargo, dicha línea no fue profundizada por la justicia argentina.

Uno de los aspectos menos abordados fue el análisis de la numeración y origen de los billetes secuestrados. En este punto, informes del FBI revelaron que una porción significativa del dinero —en torno a 3,2 millones de dólares— había sido remitida desde la empresa Brinks Global Services en Nueva York y depositada en una cuenta del Banco Finansur S.A., cuyo propietario era Jorge Evaristo Sánchez Córdova. Este último fue tesorero del club Boca Juniors durante la gestión de Daniel Angelici, dirigente estrechamente vinculado al macrismo, y formaba parte de la agrupación “Dale Boca”, impulsada por Mauricio Macri.

La propia vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y algunos medios de comunicación señalaron estos vínculos como elementos que merecían mayor atención, especialmente considerando el potencial interés público y político de los hechos. Pese a ello, la justicia no avanzó en imputaciones ni en medidas procesales contra Sánchez Córdova, y el vínculo del dinero con el Banco Finansur quedó, hasta la fecha, como un dato periférico no judicializado.

Este tratamiento judicial selectivo ha sido interpretado por diversos sectores como un signo de que ciertos aspectos de la causa —particularmente aquellos que podrían comprometer a figuras cercanas al oficialismo de entonces— no fueron investigados con la misma profundidad que otras líneas vinculadas al kirchnerismo. La falta de explicación oficial sobre estos movimientos bancarios, así como la ausencia de una pericia concluyente sobre la trazabilidad completa de los fondos, siguen generando interrogantes.

¿Qué podemos esperar de nuestra querida Argentina? ¿Un milagro económico? ¿Un repunte institucional? ¿O simplemente otro capítulo de la telenovela nacional donde los héroes son corruptos y los villanos son los que protestan?

La pregunta es: ¿la balanza de la justicia funciona bién? ¿Es para con todos igual? o ¿tiena alguna enfermedad que afecte sus parámetros y que beneficie o perjudique según quien es juzgado?
¿Legisladores que legislan, jueces que imparten justicia, ejecutivos que ejecutan políticas públicas en favor del pueblo? ¡Qué idea tan extravagante! Para que esto ocurra, primero habría que revertir la regla no escrita de que los representados valen menos que un sobre bien gordo de dinero.
Tal vez un día el Estado recupere su dignidad y deje de ser un circo administrado por magos del presupuesto. Quizá los funcionarios descubran que su trabajo es más que dar discursos grandilocuentes, que ser político no es solo dominar el arte de la promesa sino el de la acción. Ese día, tal vez, la gente volverá a confiar. Y hasta los recordará por lo que hicieron, no solo por lo que dijeron.
Pero, claro, para que haya confianza, primero tiene que haber un Estado. Uno de verdad. No ese Estado fantasma que aparece solo para recaudar y ajusta a los que no tienen cómo ajustarse. Un Estado presente, con empatía, que se conmueva por la realidad de los jubilados que no pueden pagar sus medicamentos, de los médicos que salvan vidas pero no pueden pagar el alquiler, de los niños que van a la cama con el estómago vacío porque hay prioridades más urgentes… como pagarle al FMI antes que cuidar a los propios ciudadanos.
Y mientras tanto, el ministro de Economía pasea tranquilo, ajeno a la realidad de quienes eligen entre comer o pagar la luz. Familias enteras con dos o tres empleos solo para sobrevivir mientras algunos pocos con guante blanco nos distraen con una mano y con la otra saquean lo que queda de un país generoso.
¿Y si alguien desafía al poder? Bueno, que se prepare. Porque el peso de la “justicia” caerá sobre él como un piano en una caricatura. Protestar en la calle no es opción, porque los bastones pedagógicos están listos para enseñarle a quedarse en casa y aceptar lo inevitable: la motosierra como salvación económica.
Pero no todo está perdido. La bestia seguirá devorando lo que pueda, sí… pero tarde o temprano alguien le pondrá un freno. Y ese freno solo puede venir de un gobierno diferente, humanista, empático. Uno que esté más preocupado por su pueblo que por su propio trasero.
Ese día, ya no esperaremos la luz al final del túnel. Porque el túnel habrá desaparecido. Y entonces sí, tendremos un país en serio. Para todos y para todas.
Así sea.

Pedro Miguel Massola 

DNI 21865647

Opinión